La Ley Varchi, recientemente aprobada en Italia y respaldada por el gobierno de Giorgia Meloni, ha generado preocupación entre muchas familias europeas que buscan la gestación subrogada para realizar su sueño de ser padres. Aunque esta ley impacta directamente a los ciudadanos italianos al criminalizar la gestación subrogada en el extranjero, sus efectos podrían extenderse a España, donde esta práctica, aunque no está legalizada, sigue siendo una opción para muchas familias. La situación en Italia despierta inquietudes en España sobre la posible repercusión de esta legislación en otros países europeos y plantea dudas sobre el futuro de las familias que buscan esta alternativa reproductiva fuera de sus fronteras.
En España, la gestación subrogada es ilegal, según lo establecido en la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006. Sin embargo, esto no ha impedido que muchas familias españolas elijan como opción a países donde esta práctica está regulada y permitida, como Estados Unidos, Ucrania o Grecia. Una vez realizado el proceso en el extranjero, las familias españolas enfrentan una serie de trámites legales para registrar a sus hijos en España. Aunque en la práctica, el reconocimiento de los derechos de los niños nacidos por subrogación en el extranjero se ha facilitado en los últimos años. Con la aprobación de la Ley Varchi en Italia, el temor es que un enfoque más restrictivo hacia la gestación subrogada pueda extenderse a otros países europeos, como España, donde el tema sigue siendo controvertido.
La Ley Varchi no solo prohíbe la gestación subrogada en Italia, sino que también criminaliza a los ciudadanos italianos que la realizan en países donde es legal, imponiendo sanciones severas. Este enfoque punitivo ha generado preocupaciones en España, donde algunos temen que esta postura pueda influir en la política nacional o, al menos, alimentar el debate entre los sectores más conservadores. El impacto de esta ley podría ir más allá de las fronteras italianas y poner en riesgo la posibilidad de que las familias españolas sigan recurriendo a la subrogación en el extranjero sin enfrentar obstáculos legales. Aunque actualmente las familias que optan por este proceso en otros países no están sujetas a sanciones en España, la influencia de la ley italiana podría alimentar el debate sobre la necesidad de regular o incluso endurecer las restricciones en torno a la gestación subrogada en el extranjero.
Para muchas familias españolas, la gestación subrogada es la única opción viable para tener hijos. Ya sea debido a infertilidad, problemas médicos o situaciones familiares específicas, como las familias homoparentales o personas solteras, la subrogación representa una esperanza. Sin embargo, con la criminalización en Italia, las familias que recurren a este proceso temen que España pueda seguir un camino similar.
El proceso de gestación subrogada es largo y costoso, y para muchas familias españolas supone un gran sacrificio emocional y económico. Las familias temen que cualquier cambio en la legislación europea que imponga restricciones adicionales, como las de Italia, complique aún más su situación. A pesar de que en España no se vislumbran sanciones de este tipo en el corto plazo, la influencia de las políticas italianas puede intensificar el debate y provocar cambios a largo plazo.
En España, el debate sobre la gestación subrogada ha sido recurrente en los últimos años, con posturas tanto a favor como en contra de una posible regulación. Mientras que algunos grupos defienden la necesidad de permitir esta práctica de manera altruista y regulada, otros, especialmente desde sectores más conservadores, consideran que la subrogación supone una forma de explotación del cuerpo de la mujer.
La Ley Varchi podría reforzar las posturas más conservadoras en España, dificultando aún más la posibilidad de avanzar hacia una regulación de la gestación subrogada. Por otro lado, también podría despertar una mayor movilización por parte de organizaciones defensoras de los derechos reproductivos y las familias afectadas, que consideran que las leyes deben evolucionar para reflejar las realidades familiares modernas.
La criminalización de la gestación subrogada fuera de las fronteras italianas también plantea dudas sobre la seguridad jurídica de las familias que ya han recurrido a esta práctica o que están en proceso de hacerlo. Si otros países adoptan medidas similares, las familias españolas que buscan la gestación subrogada en el extranjero podrían enfrentarse a un futuro de incertidumbre legal y diplomática.
En este contexto, las familias temen que los avances logrados en la inscripción de los niños nacidos por subrogación en el extranjero puedan verse amenazados. Aunque España ha dado pasos hacia el reconocimiento de estos niños, un endurecimiento de las políticas en países vecinos podría influir en la jurisprudencia española o complicar los trámites administrativos para estas familias.
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* El departamento jurídico de Gestlife te recuerda que la gestación subrogada en España no está permitida.