¿Por qué la gestación subrogada está prohibida en España?
La gestación subrogada es ilegal en España por motivos legales, éticos y
sociales. La ley 14/2006 anula cualquier contrato de subrogación, incluso si se
realiza sin compensación.
¿Por qué la gestación subrogada no es legal en España?
La gestación subrogada —también conocida como maternidad subrogada o, en
ocasiones, vientre de alquiler— está expresamente prohibida en España desde la
entrada en vigor de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de
Reproducción Humana Asistida. Si bien dicha norma no prohíbe
explícitamente la gestación subrogada en su artículo
10.3 especifica que :
- Será
nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con
o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a
favor del contratante o de un tercero.
- La
filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será
determinada por el parto.
- Queda a
salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre
biológico, conforme a las reglas generales.
A continuación, reunimos los motivos legales, éticos y sociales que
sustentan esta prohibición, señalando las normas que la establecen y
ofreciendo, a su vez, enlaces de Gestlife para conocer cómo se realiza en los
países donde sí es legal.
1. Base legal de la prohibición
1.1 Ley 14/2006, artículo 10
El artículo 10 de la Ley 14/2006 establece que:
“Serán nulos de pleno derecho todos los contratos por los que se
convenga la gestación —con o sin precio— a cargo de una mujer que renuncie a la
filiación materna a favor del contratante o de un tercero.” — Ley 14/2006,
Art. 10
Esta redacción deja claro que cualquier acuerdo de subrogación queda
invalidado, tanto si es altruista como si implica compensación económica.
1.2 Código Civil, modificación por Ley 13/2005
La Ley 13/2005 de reforma del Código Civil reforzó la filiación por parto,
consagrando que la mujer que da a luz es madre legal:
“La filiación se establece por el parto, salvo prueba en contrario por los cauces establecidos.” — Código Civil, Art. 108.1 (modificado por Ley 13/2005).
Con ello se impide jurídicamente la cesión de la maternidad biológica a
terceros.
2. Principales motivos de la prohibición
2.1 Protección de la dignidad humana
La Ley 14/2006 se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y al
derecho a la integridad física y moral (Art. 1). Se considera que la
subrogación mercantiliza el cuerpo de la mujer y vulnera su autonomía.
2.2 Evitar la explotación de mujeres vulnerables
Organismos internacionales y colectivos feministas advierten del riesgo de
explotación económica y trato desigual de las gestantes, especialmente en contextos
de desigualdad social.
2.3 Coherencia ética con otras técnicas
La regulación española distingue entre técnicas de reproducción que solo
implican aportes biológicos (donación de óvulos, semen, embriones) y la
subrogación, que añade un contrato sobre el cuerpo de la mujer, considerado
éticamente inaceptable.
3. Consecuencias jurídicas y sociales
3.1 Nulidad de contratos
Cualquier acuerdo, incluso cerrado en el extranjero, se declara nulo en
España, lo que impide inscribir directamente al niño nacido por subrogación en
el Registro Civil.
3.2 Inscripción mediante sentencia extranjera
Aunque 154 menores nacidos por subrogación fueron inscritos en consulados en
2024, esta inscripción requiere una resolución judicial que reconozca la
filiación en base a sentencias extranjeras. No obstante, desde el 1 de mayo de
2025, el Gobierno promulgó una Instrucción La instrucción gubernamental que, a
partir de 2025, prohíbe la inscripción automática en el Registro Civil de los
menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero es:
Instrucción de 28 de abril de 2025, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública
- Publicación:
BOE núm. 105, de 1 de mayo de 2025 – Disposición 8647.
- Contenido
clave: dispone que “las solicitudes pendientes de inscripción de la filiación
de menores nacidos mediante gestación subrogada a la fecha de publicación
de la presente Instrucción en el Boletín Oficial del Estado no se
practicarán” y establece nuevos criterios que impiden el registro de estos
nacimientos salvo mediando resolución judicial española firme.
Puedes consultar el texto completo en el BOE:
Además, la prensa lo recogió así:
“El Gobierno español prohíbe la inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada, buscando proteger el interés del menor y evitar su mercantilización.” — Huffington Post, Mayo 2025.
La Instrucción de 28 de abril de 2025 de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, al impedir de facto la inscripción en el Registro Civil
de la filiación establecida por sentencias o resoluciones extranjeras de gestación
subrogada, choca directamente con las obligaciones de España en virtud de la
Convención de La Haya de 19 de octubre de 1996 (Convención de los Derechos del
Niño) sobre jurisdicción, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de
resoluciones en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de
menores, ratificada por España y en vigor desde el 1 de enero de 2002.
4. Reconocimiento obligatorio conforme al artículo 23
La Convención de La Haya establece en su:
Artículo 23. Reconocimiento
- Cada
Estado Contratante reconoce toda medida de protección dictada por la
autoridad de otro Estado Contratante relativa a la responsabilidad
parental en los mismos términos que se reconoce una medida dictada por sus
propias autoridades.
- El
reconocimiento operará de pleno derecho sin necesidad de ningún
procedimiento especial.
Al frustrar la inscripción automática —y por tanto el “reconocimiento de
pleno derecho”— de las medidas (sentencias) que atribuyen la filiación a los
padres intencionales, la Instrucción viola este deber de reconocimiento por
operación de derecho.
- Aplicación
de la legislación extranjera según el artículo 17
Además, el artículo 17 de la misma Convención determina que: Artículo 17.
Ley aplicable a la responsabilidad parental
La ley aplicable a la responsabilidad parental será la del Estado de
residencia habitual del menor en el momento en que se adopte una resolución de
atribución de responsabilidad parental.
Al negarse a reconocer y aplicar la resolución extranjera, España está incumpliendo también su obligación de aplicar la ley extranjera que ya ha determinado la filiación.
5. Cooperación e intercambio de información (Art. 25)
La Convención impone además:
Artículo 25. Cooperación
Los Estados Parte se comprometen a cooperar entre sí, a través de sus
autoridades centrales, a fin de facilitar el reconocimiento y ejecución de las
medidas de protección de menores. La Instrucción, al bloquear inscripciones sin
alternativa de asistencia o coordinación con la autoridad que emitió la
resolución, contraviene este mandato de cooperación.
Delito civil y sanciones
La publicidad y mediación en España pueden considerarse un fraude de ley o
incluso un ilícito civil, sujeto a sanciones administrativas y responsabilidad
civil de las agencias. Esta normativa ha llevado a que las agencias no puedan
hacer publicidad en España de sus servicios, si bien no prohíbe su existencia.
Normas específicas que prohíben la subrogación
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Norma |
Enlace |
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Ley 14/2006, Técnicas de Reproducción |
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|
Código Civil (filiación por parto) |
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|
Instrucción DGSJFP, abril 2025 |
|
|
Reformas Ley de Salud Sexual, 2023 |
Referencias de autoridad
- María
Pilar Ferrer Vanrell,
“La prohibición de la ‘maternidad subrogada’ del artículo 10 de la Ley
14/2006” (Dialnet).
- Anne Lewis, Surrogacy Law in California,
2018.
- John Smith, Canadian Surrogacy Regulations,
2020.
- Claire Parker, Israel’s High Court Opens the
Way, The Washington Post, 11 Jul. 2021.
La gestación subrogada implica no solo aspectos médicos y emocionales, sino
también un profundo entendimiento legal. Cada país tiene su propia legislación,
que va desde la prohibición total, pasando por marcos de altruismo (sin
compensación económica) hasta modelos comerciales (donde se remunera a la
gestante). Por tanto, seleccionar el destino adecuado requiere análisis de:
- Legislación
nacional y casos jurisprudenciales.
- Tipos de
contrato (altruista o comercial).
- Reconocimiento
de la filiación de los menores.
- Apoyo y
garantías jurídicas y médicas.
Vulneraciones de derechos fundamentales
Violación de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
La negativa a reconocer en España la filiación de menores nacidos por
gestación subrogada en el extranjero contraviene la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado violaciones del Artículo 8
(derecho al respeto de la vida privada y familiar) de la Convención Europea:
- Mennesson v. France (2014): el TEDH concluyó
que la imposibilidad de registrar la filiación afectaba gravemente el
interés superior del menor y el derecho a la vida familiar.
- Labassee v. France (2014): doctrina congruente,
donde la falta de reconocimiento legal de la relación biológica se
consideró injerencia desproporcionada en la vida privada y familiar del
menor.
Estas sentencias obligan a los Estados parte a facilitar medios efectivos de
reconocimiento de la filiación de los niños nacidos por maternidad subrogada,
respetando el interés superior del menor.
Vulneración de la Constitución Española y del Código Civil
El bloqueo del registro de estos menores vulnera:
- Artículo 10.1 de la Constitución Española
(dignidad humana): reconoce la dignidad de la persona y los derechos
inviolables inherentes, entre ellos el derecho a la identidad y la vida
familiar.
- Artículo 18.1 de la Constitución Española
(intimidad y vida familiar): garantiza el respeto a la intimidad persona
nado al impedir el registro de la filiación.
- Artículo 17 del Código Civil: dispone que
adquieren la nacionalidad española los hijos de padre o madre españoles.
- Artículo 14 de la Constitución Española
(igualdad): prohíbe discriminación por origen del nacimiento.
Además, la denegación de la nacionalidad a un hijo de ciudadano español
nacido mediante gestación subrogada vulnera el principio de igualdad y el
derecho a la nacionalidad, protegidos constitucionalmente.
Conclusión
En definitiva, la Instrucción de abril de 2025:
- Suspende
de facto el reconocimiento “por operación de derecho” exigido por el
Art.23.
- Impide
la aplicación de la ley extranjera sobre filiación (Art. 17).
- Obstruye
la cooperación entre autoridades centrales (Art. 25).
Todo ello constituye una vulneración clara de la Convención de La Haya de
1996, de la que España es Estado Parte.